Políticamente, los cambios que se registran en el conjunto de España no van a afectar al dominio absoluto de los resortes del poder que ejercen en las islas los representantes de la burguesía insular, no cuestionado siquiera durante el Sexenio Revolucionario con la aparición de opciones políticas más próximas a las clases populares.
El panorama político sólo va a presentar dos rasgos diferenciadores con respecto al general del país:
El primero, la existencia del llamado «pleito insular» a partir de mediados de siglo tras la aprobación de las franquicias en 1852, que enfrenta a los bloques dominantes de Tenerife y Gran Canaria. Económicamente, se traduce en el conflicto entre los grupos mercantiles de cada isla por el control de los intercambios exteriores a través de la obtención de mejoras para sus respectivos puertos, y políticamente en la disputa entre los partidarios de la unidad provincial y capitalidad de Santa Cruz (Tenerife), y los defensores de la división provincial (Gran Canaria). - El segundo, la inexistencia de la alternancia durante la Restauración entre los dos partidos dinásticos, al establecerse en las islas una versión peculiar del bipartidismo: los liberales monopolizaban los parlamentarios de las islas orientales, mientras que los conservadores hacían lo propio con los de las occidentales. Incluso, durante tiempo, Fernando León y Castillo, líder de los liberales grancanarios y ejemplo máximo de la oligarquía caciquil en las islas, controla la designación de candidatos a las Cortes de toda Canarias, respetando ese reparto.
